La discriminación por edad es un problema común para muchas personas mayores y estadounidenses que se acercan a la edad de jubilación. Aunque la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo establece claramente que los empleadores, compañeros de trabajo y gerentes no pueden tratar a sus empleados de manera menos favorable por su edad, esta práctica sigue ocurriendo en distintos sectores.
En una economía en recuperación, la discriminación por edad puede dificultar que los empleados de cualquier edad sigan ganando un sueldo y reciban los ascensos o puestos que merecen. Según un informe reciente de The Washington Post, la cantidad de denuncias de discriminación por edad presentadas ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo en los últimos años ha disminuido. Según se informa, en 2012 hubo 22,857 denuncias, que representaron el 23 por ciento de todas las denuncias presentadas ante la Comisión. En comparación, en 2013 hubo 21,396 denuncias, o el 22.8 por ciento del total. Ambas cifras son inferiores a las 24,582 denuncias de 2008, que representaron el 26 por ciento de todas las denuncias presentadas. Sin embargo, estos registros no indican que la discriminación por edad sea realmente menos frecuente. La disminución podría deberse a la estabilización del mercado laboral, que quizá haga que menos personas denuncien estos casos.
Nuevas leyes en vigor
Aunque ya existen leyes para proteger de la discriminación a las personas mayores y a los trabajadores de todas las edades, ha surgido una novedad que podría ayudar a reducir esta práctica. El presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva llamada Orden Ejecutiva sobre Remuneración Justa y Lugares de Trabajo Seguros (Fair Pay and Safe Workplaces Executive Order), que impedirá otorgar contratos a empresas que tengan antecedentes de discriminación.
«El dinero de los contribuyentes no debería recompensar a empresas que infringen la ley; por eso, hoy el presidente Obama está tomando medidas contra los contratistas federales que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y el salario que tanto les ha costado ganar», decía un comunicado de la Casa Blanca.
La nueva disposición exigirá a los posibles contratistas que revelen cualquier infracción de las leyes laborales. Las empresas que compiten por contratos del gobierno ya deben someterse a una revisión, pero a menudo se pasan por alto las infracciones laborales o no se toman en cuenta en absoluto. La nueva estructura de la orden ejecutiva también alentará a las compañías a resolver las disputas pendientes, lo que incluye pagar salarios atrasados, indicó la Casa Blanca. La orden se aplica a contratos por un valor superior a $500,000 para garantizar que las empresas cumplan las leyes laborales.
Se espera que sus efectos sean de gran alcance, ya que el Departamento de Trabajo calcula que hay 24,000 empresas con contratos del gobierno federal. Esto equivale aproximadamente a 28 millones de empleados contratados indirectamente mediante estos acuerdos.
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